USHUAIA.- El Senado de la Nación será mañana escenario de una dura disputa política, cuando la oposición intente imponer su mayoría para lograr la modificación de los porcentajes que la Nación coparticipa a las provincias del Impuesto al Cheque. Estarán en juego más de 10.000 millones de pesos, lo que motivó que la mayoría de los gobernadores, incluidos algunos k, respalden la iniciativa. Es que el proyecto, de aprobarse, prevé un sensible incremento de los porcentajes que perciben los Estados provinciales.

Sin embargo, no se sabe aún cómo votarán los ex aristas fueguinos José Martínez y María Díaz, ni tampoco hubo posicionamiento -al menos público- del Gobierno provincial.

Lo cierto es que el oficialismo provincial parece estar entre la espada y la pared. Si bien el kirchnerismo sufrió un duro golpe con la conformación del nuevo Congreso al perder la mayoría en ambas Cámaras, sigue aferrado a los aliados que le quedan mientras aspira a conseguir el apoyo de algunos opositores y de recuperar el de los díscolos que pegaron el portazo.

En ese marco, el renovado mapa político no significa necesariamente libertad de acción para los fueguinos, quienes el año pasado levantaron sistemáticamente la mano en cada votación apoyando los proyectos del kirchnerismo, borocotización que les granjeó el total rechazo de la oposición y la sonrisa socarrona de los propios oficialistas. Sucede que el Gobierno provincial sigue dependiendo absolutamente de los fondos que le envíe la Nación para morigerar en parte el déficit de sus arcas, por lo que en función de ello el alineamiento debería mantenerse.

Sin embargo, la posibilidad de un incremento sensible de la coparticipación no es para desdeñar y el Gobierno fueguino recibiría con los brazos abiertos cualquier fondo extra. En el caso fueguino son alrededor de 70 millones de pesos anuales que ingresarían de manera automática a las arcas estatales. Sería de esperar que algún funcionario de primera línea intente minimizar la cifra, pero la realidad marca que el Ejecutivo provincial no está en condiciones ni puede darse el lujo de desdeñar nada.

No obstante, también correría el riesgo de un enfriamiento de la relación con la Nación, con la posible consecuencia de una retracción en la llegada de los recursos. Y ya dio sobradas muestras el gobierno k de que está dispuesto a apelar a las medidas que considere necesario para disciplinar a los objetores.

"No fui, no soy, ni seré kirchnerista", se encarga de aseverar Ríos cada vez que se la consulta. Es lo mismo que asegurar que no hay compromiso alguno, y no debería haberlo. Pero la política es el arte de lo posible.
Lo que estará en discusión
El Impuesto al Cheque fue una iniciativa pergeñada por el entonces ministro de Economía Domingo Cavallo, en 2001, con el objeto obtener financiamiento y de evitar que el país ingresara en cesación de pagos. Nació como "temporario" y "de emergencia", pero fue sostenido por los distintos presidentes por ser una importante fuente generadora de ingresos.

Concretamente, se trata de una tasa que equivale al 6 por 1.000 de cada débito y cada crédito bancario, por lo que absorbe un 1,2% de cada cheque depositado en una cuenta y luego cobrado.

En los primeros tiempos la Nación se quedaba con la totalidad de la recaudación, y cuando Eduardo Duhalde llegó a la Presidencia se comenzó a coparticipar a las provincias el 30% de lo recaudado. Pero, de hecho, solo reciben un 15%, ya que el 15 restante se destina a seguridad social y es manejado directamente por el Gobierno central.

Según fuentes especializadas, durante 2009 la Nación recaudó 20.561 millones de pesos.

Ahora, el proyecto de la oposición, consensuado en comisión parlamentaria, prevé elevar el piso a un 34% para luego establecer el reparto en el 42,3% para la Nación, el 54,6% para las provincias, el 2% en forma automática para el recupero del nivel relativo de Buenos Aires, Chubut, Neuquén y Santa Cruz y un 1% para Aportes del Tesoro Nacional, según Ámbito.com. Por lo tanto, los nuevos porcentajes les permitirían a las provincias llevarse entre 8.000 y 10.300 millones de pesos al año.

No obstante, si la iniciativa supera el Senado y obtiene sanción definitiva en Diputados, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner seguramente lo vetará.