El proyecto sería tratado en la primera sesión del año, que se realizará el jueves 18 de marzo. Cabe destacar que la bancada del MPF se comprometió en buscar los consensos dentro de la cámara parlamentaria para que el proyecto tenga luz verde y así cumplir con el compromiso asumido ante los “jóvenes fueguinos”.

La iniciativa que crea el Régimen de Promoción de Empleo Local (REPEL), prevé que el mínimo de residencia ininterrumpida será de cuatro años inmediatamente anteriores a su incorporación.

El presidente de la bancada del MPF, Damián Loffler, remarcó que la vigencia de la norma será por cuatro años y el beneficio otorgado a cada empresa tendrá un lapso equivalente a un año, renovable automáticamente por períodos iguales hasta cuatro años, previa verificación del cumplimiento de los requisitos.

Cabe destacar que con el objetivo de verificar el cumplimiento de las exigencias establecidas para usufructuar los beneficios del régimen, se habilitará la intervención de la Secretaría de Promoción Económica y Fiscal, a la que se designará como “autoridad de aplicación de la Ley”.

Los legisladores argumentaron que la importancia de la iniciativa se sustenta en “la difícil situación económica que atraviesa la Provincia, y la creciente migración interna registrada en los últimos tiempos”.

En ese sentido, impulsan el proyecto que busca establecer un beneficio impositivo a favor de aquellas empresas o explotaciones industriales o comerciales que, incrementando sus nóminas de personal dependiente -existente a la fecha de sanción de la presente-, incorporen trabajadores en relación de dependencia, residentes en Tierra del Fuego.

En cuanto a las condiciones generales, en el escrito se detalla que las empresas deberán encontrarse radicadas en la provincia, situación que se constatará mediante las inscripciones respectivas en la Dirección General de Rentas de la Provincia y del municipio o comuna correspondiente, y en la Inspección General de Justicia, en el caso que corresponda.

Además se establece que la incorporación de personal a considerar deberá constituir un incremento real de un mínimo del 10 por ciento, respecto de la nómina de personal en relación de dependencia existente en la empresa al día anterior a la entrada en vigencia de la presente norma.

Además el proyecto detalla que la autoridad de aplicación tendrá amplias facultades para verificar y evaluar el cumplimiento de las obligaciones de los beneficiarios del régimen, como así también para requerir la intervención y cooperación de las distintas dependencias de la Administración Pública Provincial.

Y para concluir expresaron que en caso de verificarse la existencia de maniobras fraudulentas para el acogimiento a los beneficios, además de la pérdida automática de la ayuda, podrá aplicarse una multa de 10 al 300% del monto de los tributos deducidos.