RIO GRANDE.- El referente del MPF riograndense, Pablo Márquez, precisó en declaraciones a FM Aire Libre que "hemos elaborado un documento que va a ser presentado a la comunidad el día lunes, donde vamos a dar el punto de vista de la Multipartidaria".

Adelantó la opinión negativa a la adjudicación del gas de regalías a la empresa china, y aseguró que el pliego fue "un traje a medida", que además vino a ratificar las sospechas de una licitación digitada: "La gobernadora en la reunión que tuvimos en junio nos había dicho que nos olvidemos de los chinos porque había cuatro empresas nuevas interesadas. Todos sabíamos que eran los chinos y que era muy difícil para otra empresa cumplir con las condiciones, de invertir 600 millones de dólares como base, más los estudios ambientales. Los pliegos fueron confeccionados a medida", según el dirigente y hasta barajó que "los hicieron los chinos, si no, pasa raspando".

"La realidad marca que fue así. Siguen manteniendo el mismo precio, que es totalmente criticable. Ella lo pone a 1,80 (dólares el millón de BTU) cuando la Cooperativa paga 2.47 dólares. Estamos vendiendo barato el gas más caro y más buscado, y no tienen explicación para esto", criticó.

Respecto de los pasos a seguir, informó que el documento elaborado se presentará ante el Tribunal de Cuentas "porque estamos convencidos de que es un mal negocio para la provincia", no sólo por el precio sino porque se mantiene un contrato a 25 años "cuando no tenemos certificado gas por ese plazo. Lo hacen igual, no toman en cuenta que la Nación en caso de emergencia pida el gas de regalías y nos quedemos sin gas para vender a esta empresa", advirtió, convencido de que se expone a la provincia a juicios millonarios.

Por otra parte, consideró que debe intervenir el Fiscal de Estado: "Ahí vamos a accionar, y vamos a pedir a nuestros legisladores que revean esta situación", agregó.

También cuestionó la demora de ‘veinte días' de parte del gobierno para enviar la información solicitada, y aclaró que no contestó el gobierno sino la licenciada Asín, con "diez libros de las empresas sobre estudios de impacto ambientales", la sugerencia de que "busquen alguna información por Internet" y que la restante "la pidan a los legisladores".

"Ganaron veinte días pero nosotros no nos quedamos quietos esperando la información de ellos. Esto viene mal parido hace más de un año y lamentablemente estas son las reglas de juego que han puesto ellos. Creo que el gobierno no tiene la voluntad de discutir esto, es un traje a medida que tenía que vender y lo vendió", reiteró el dirigente.

Sin embargo consideró que todavía no está todo dicho y que se puede revertir la situación. "Vamos a hacer llegar el informe al Tribunal de Cuentas, vamos a hacer llegar la opinión de cada partido a los legisladores y después está el Fiscal de Estado. Todos los ciudadanos tenemos derecho a reclamar cuando un gobierno toma la decisión de hacer un negocio de esta índole, que no es el mejor de la provincia, y hay partes que parecen ilegales porque uno no puede vender lo que no tiene certificado", concluyó Márquez.