Arias destacó que se realizó una transferencia para dejar la cuenta operativa y que no se ve afectado el funcionamiento del IPRA ni la prosecución de los sorteos pautados.


La empleada Ariana Sinelli fue suspendida por ausencias reiteradas a pesar de constar en su expediente los certificados que daban cuenta de un estado de embarazo de alto riesgo.


Según explicó el abogado de Sinelli, Daniel Garay, esta situación le causó un grave estado depresivo, que llevó a la perdida del bebe que estaba esperando. Además, objetó que luego de la suspensión, la Secretaría Legal y Técnica del Gobierno emitió el dictamen Nº 290 señalando que la empleada estaba mal suspendida.


Ante esto, el área Legal y Técnica de la provincia dictó la nulidad de lo actuado por el presidente Adrián Arias; en tanto, la gobernadora Fabiana Ríos emitió el decreto 2378/08, en el que ordena se deje sin efecto lo actuado contra la agente Sinelli.


A pesar de todo esto, desde el IPRA se decidió no reincorporar a la agente y volver a suspenderla por otros 60 días, prohibiéndole el ingreso a su lugar de trabajo, situación que fue documentada por una escribana.


Estas acciones, motivaron que se lleven a cabo los reclamos civiles y penales. Se intimó al instituto a pagar una determinada suma “en carácter de daño material, lucro cesante, daño a la vida de relación, incapacidad sobreviviente, daño moral y psíquico derivados de la cesantía ilegitima aplicada….”.