Río Grande.- En consonancia con el Poder Ejecutivo, los integrantes del gabinete de Ríos y la posición tomada por el legislador Fabio Marinello, el legislador Manuel Raimbault sostuvo que no se pueden aplicar medidas de seguridad sin financiamiento, y reclamó la aprobación del Fideicomiso Austral.
Pidió separar los hechos puntuales de violencia de los responsables de la seguridad en la provincia, y señaló que “cuando suceden estos hechos, en realidad tenemos un fracaso generalizado. No creo que sea demasiado útil si lo que intentamos discutir es responsabilizar políticamente y exclusivamente a alguien. Hay una serie de responsabilidades que tenemos que empezar a trabajar entre todos y empezar a resolverlo”, dijo por Radio Nacional Ushuaia.
Mencionó los consensos que se lograron hasta el momento, con la sanción de “la ley de mediación, la ley de flagrancia, la ley de creación del sistema penitenciario, el blanqueo de la Policía, y la incorporación de mayor cantidad de policías en actividad”.
Resaltó que para aprobar estas medidas “intervinieron organizaciones sociales, comunitarias, Poder Ejecutivo, Judicial y Legislativo”, pero que aun con un “consenso unánime en todas estas cosas, todas estas políticas no las podemos cumplir”.
“Esto es objetivamente así –subrayó-. Son políticas de seguridad consensuadas en forma unánime después de discusiones muy difíciles, que hoy no las podemos poner en práctica”, y se remitió a la necesidad de discutir presupuesto y financiamiento.
“¿Encuentran alguna explicación para que el Fideicomiso no se apruebe’”, se preguntó, asegurando que este tema “tiene que ver con seguridad también”, porque los fondos que irán a infraestructura permiten plantear “una concepción de ciudad distinta”.
Señaló como una paradoja que “en la definición política, el partido de la oposición que estableció la Mesa Kirchner Presidente dijo que una de las mejores cosas que nos pasó fue el Fideicomiso Austral y no lo votan en la Legislatura”.
Invitó a “abandonar la idea de que, si se perjudica a un gobierno, se mejoran las posibilidades de aquel que perjudicó”, y la misma reflexión fue trasladada al tema seguridad, donde insistió en “discutir recursos para hacer prácticas y operativas las leyes que ya están aprobadas”.
En ese punto fue crítico del proyecto original, que reformuló la oposición, para sostener los salarios de los nuevos policías con los fondos CRECE, en lugar de tocar la coparticipación municipal: “La incorporación de policías a la administración con los fondos CRECE, que no están (sic), no tiene ninguna discusión”, expresó.
Consultado sobre esta afirmación, indicó que “es otra discusión que me gustaría dar” e intentó plantear que en realidad ‘están pero no alcanzan’, para volver sobre el proyecto original que “propuso recursos para la generación de vacantes con la modificación transitoria de coparticipación. No es una discusión tan terrible”, consideró.

Justicia responsable

Por otra parte responsabilizó a la justicia porque, al momento de diseñar su presupuesto, optó por aumentarse sueldos y no volcar recursos para la aplicación de las leyes de flagrancia y mediación, con una referencia a la declaración de inconstitucionalidad para la ley que iba a permitir ingresos por el convenio chino: “No puedo dejar de observar que en el presupuesto anterior se decidió una cuestión que tenía que ver con una limitación presupuestaria. Por ejemplo en la ley de mediación, la discusión presupuestaria sobre remuneraciones tenía impacto en la operatividad de la ley de mediación y flagrancia. También hay quienes dijeron que preferían declarar inconstitucional un artículo, aumentarse los sueldos y dejar no operativas esas leyes”, cuestionó.
Agregó que en la justicia “hay sueldos de más de veinte mil pesos, con ingresos familiares de entre cuarenta y cincuenta mil pesos, que tienen un costo político, un costo económico y un costo social”, y también aludió a las jubilaciones de privilegio, que quitan recursos que podrían volcarse a otro destino: “Hay una relación entre un sistema jubilatorio donde los empleados se jubilan a los 45 años y un pueblo que no tiene en gran parte agua potable. Tenemos que empezar a discutir un presupuesto por problema. Tenemos problema de vivienda, de agua potable, de servicios. Esa cuestión de resolución de problemas tiene asignación presupuestaria directa”, remarcó el ex arista.

“Juntarse para pegarle a una mujer no es muy valiente”

En otro tramo de la entrevista, el legislador cargó contra la Multipartidaria y utilizó la cuestión de género de quien gobierna, para exponer lo que considera un acto de cobardía de parte de los opositores allí nucleados.
Observó que “hasta está mal puesto el nombre” porque trae a colación la referencia histórica a una reunión de fuerzas “que enfrentaron a un gobierno militar”.
“Me da la impresión que el único objetivo que tiene la Multipartidaria es entorpecer algunos temas del gobierno. No los he escuchado opinar de ningún tema de políticas de estado que atraviesan los municipios. Cuando hablan de control, podrían opinar qué pasó con el Tribunal de Cuentas Municipal, que echó a aquellos auditores que osaban controlar al intendente. Me da la impresión de que la Multipartidaria tiene como exclusivo objeto atacar al gobierno y la verdad que juntarse para pegarle a una mujer no me parece que sea muy útil ni muy valiente”, disparó el legislador.
Además consideró una “obviedad” las expresiones de la Presidenta sobre las maniobras golpistas de referentes del justicialismo. “Eso ya lo había dicho y había salido publicado en Página 12 al día siguiente de la reunión. Me parece que la Presidenta dijo algo que era bastante obvio y antes lo había dicho de alguna manera la diputada Calchaquí. Algunos dirigentes sindicales y sociales lo decían abiertamente en los discursos. A mí me parece tan obvio lo que estaban algunos sectores diciendo y haciendo, que así como la gente ha criticado con justicia al gobierno en muchas oportunidades, cualquiera que recorría la calle lo sabía. La Presidenta dijo nada más lo que era obvio”, reiteró.